Impugnan Ley de Revitalización de la Autoridad Energía Eléctrica


“La demanda de la UTIER reclamó además que la Ley 4 limita el derecho fundamental de los Demandantes y abonados de la AEE al acceso a la justicia y a los tribunales “e  infringe a su vez las protecciones constitucionales que proscriben el menoscabo de relaciones contractuales ya establecidas y aquellas otras relaciones que garanticen la igual protección de las leyes”, añadió Figueroa Jaramillo.

Jaramillo-habla-sobre-la-crisis-de-AEECapítulo de Jubilados de la UTIER y vicepresidente del Sistema de Retiro de los empleados de la AEE, José Rivera Rivera, presentó una demanda para que se declare inconstitucional la recién aprobada Ley 4 de 2016, “que no es otra cosa que una ley de desmantelamiento de la AEE y violatoria de nuestra Carta Magna”..

“Dicha ley fue aprobada en contravención a las normas constitucionales y los principios que rigen el trámite, redacción y aprobación de las leyes en Puerto Rico, ejerciendo además presión indebida por parte del Gobernador y de la alta gerencia de la AEE sobre los legisladores para que fuera aprobada sin la información esencial que debía contener una legislación como esa que cambia el curso de prioridades una de las más importantes corporaciones públicas del país. Esa ley se condicionó a una serie de leyes y enmiendas de un conglomerado de otras leyes e incluye una llamada legislación especial de titulación. Con todas esas presiones y falta de información, se violó además el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes que establece la supuesta ley y orden del ordenamiento del Estado Libre Asociado”, sostuvo Figueroa Jaramillo.

La demanda de la UTIER reclamó además que la Ley 4 limita el derecho fundamental de los Demandantes y abonados de la AEE al acceso a la justicia y a los tribunales “e  infringe a su vez las protecciones constitucionales que proscriben el menoscabo de relaciones contractuales ya establecidas y aquellas otras relaciones que garanticen la igual protección de las leyes”, añadió Figueroa Jaramillo.

Se trata de que la Ley 4 se amparó en acuerdos entre la AEE y sus bonistas en menoscabo de uno de sus principales acreedores, el Sistema de Retiro de los empleado de la AEE con quien la propia agencia mantiene una deuda actuarial que ronda los 1.7 mil millones de dólares; además de una deuda de alrededor de 60 millones de dólares por concepto de aportaciones corrientes ya vencidas. Es por ello que la UTIER insistió en que, siendo el Sistema de Retiro de los empleados de la AEE una de las partes afectada, los acuerdos alcanzados con los bonistas no tienen validez toda vez que dejaron fuera al Sistema de Retiro de los empleados de la AEE de la infinidad de reuniones celebradas entre la gerencia y el grupo de acreedores que negociaron y suscribieron el acuerdo el 27 de enero del año en curso que dio paso a la Ley 4 de 2016.

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