Podrían imponer término menor en Presidencia del Supremo


pleno
Supremo podría regular los años que la juez Maite Oronoz administre la rama judicial.

El pasado jueves se radicó un recurso de certificación por el Lcdo. Hiram Torres Montalvo que persigue se declare la confirmación de la hoy Juez Presidenta ilegal.

Se reclama lo siguiente:

*El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al gobierno. El Juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado. (Énfasis suplido).

*Los jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión de sus cargos hasta que sus nombramientos sean confirmados por el Senado y los desempeñarán mientras observen buena conducta. Los términos de los cargos de los demás jueces se fijarán por ley y no podrán ser de menor duración que la prescrita para los cargos de jueces de igual o equivalente categoría existentes en la fecha en que comience a regir esta Constitución. Todo lo relativo al nombramiento de los demás funcionarios y de los empleados de los tribunales, se determinará por ley. (Énfasis suplido).

Esto quiere decir que, de prevalecer el nombramiento de la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, se estaría permitiendo un procedimiento que no tiene fundamento legal en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de que se le estaría dando la facultad de administrar los Honorables Tribunales de Justicia a una persona por casi treinta (30) años de servicio con el menor grado posible de responsabilidad de una sana administración.

El único artículo en Ley que podría ser aplicable a la selección del Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico lo sería el Artículo 7 del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, 31 L.P.R.A. sec. 7, el cual lee como sigue:

El tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, obscuridad, o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo, incurrirá en responsabilidad.

 

Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos. (Énfasis suplido).

En el caso ante nuestra consideración, no se debe permitir que el Gobernador de Puerto Rico nomine, y el Senado de Puerto Rico, confirme al Juez Presidente del Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico, esto cuando no existe disposición constitucional que avale dicho nombramiento.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico, al ser un cuerpo colegiado, tienen pleno conocimiento de sus compañeros miembros asociados, y tienen la potestad de crear un procedimiento neutral para escoger al Juez Presidente, entre los mecanismos que pudiera seleccionarse se encuentran los siguientes: 1. Selección por antigüedad (en este caso presidiría el Honorable Tribunal Supremo la persona de mayor edad); 2. Selección democrática entre sus miembros; 3. Selección al azar, entre otros. De hecho, el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene autoridad para reglamentar el término que uno de sus miembros sería el Juez Presidente imponiéndose un término máximo para ocupar el cargo.  De esta manera se evitaría que una persona ocupe el cargo por treinta (30) años como en el caso ante nuestra consideración.

SÚPLICA DEL RECURSO

POR TODO LO CUAL respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal Supremo que expida el presente Recurso de Certificación Intrajurisdiccional y, en su consecuencia, interprete la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dejando sin efecto el nombramiento de la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, y que promulgue, a su vez, un Reglamento Interno para la Selección del Juez Presidente del Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico el cual incluya un límite de años para ejercer dicho cargo, y cualquier otro mecanismo de remoción del Juez Presidente en beneficio de una Sana Administración de los Tribunales de Justicia.

Planteamientos que debe ser atendido al menos podrían reglamental el terminó de Presidencia.

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