Estado Libre Asociado, Territorio y la Constitución


 Estado Libre Asociado, Territorio  y  nuestra Constitución

Por: Hipólito González Hernández

Escritor y Mediador

 

“el pretender después de un Siglo  que el ELA es un estatus descolonizador es faltarle a la verdad y sobre todo es querer desmentir el propio informe de la Casa Blanca”

En el 1914 luego de la Segunda Guerra Mundial  hizo que los congresistas norteamericanos comenzaran a interesarse en la utilidad de sus posesiones y que reconocieran que Puerto Rico era un recurso de apoyo y punto estratégico desde donde podían proteger su más preciada poseción de ultramar; el Canal de Panamá. Para este tiempo, la obstención  de la ciudadanía norteamericana se habia convertido en una de las principales demandas de Puerto Rico.

 Fue así, como el 2 de marzo de 1917, la Ley Jones (también conocida como el Acta Jones) transformó a todo aquel nacido en la Isla, en ciudadano estadounidense; sólo 287  decidieron rechazar la nueva ciudadanía y retener el estatuto de ciudadanos de Puerto Rico. Que les impedía votar y los dejaba sin protección constitucional. Mientras que el resto de los ciudadanos, se le extendió el beneficio de la constitución americana. La Ley jones, alteró la estructura del gobierno de Puerto Rico; separó las tres ramas de gobierno (Ejecutiva, Judicial y Legislativa) La rama Ejecutiva estaría compuesta por un gobernador, todavía nombrado por el Presidente de los Estados Unidos con el consentimiento del Senado. Bajo esta ley, los puertorriqueños lograron acceso a algunos puestos como jefes de departamentos, estos jefes formarían una junta cunsultiva del gobernador. Se crearon los cuerpos legislativos: Senado y Cámara de Representantes, ambos cuerpos electos por el voto directo de los puertorriqueños; aunque se regulaba el procedimiento legislativo mucho más que en la Ley Foraker.

 

 El gobernador de Puerto Rico podía vetar un proyecto, pero el Congreso de Estados Unidos, al igual que en la Ley Foraker, se reservaba el derecho de anular cualquier ley de la Legislatura de Puerto Rico. La Ley Jones, dejaba de igual forma que la anterior(Foraker), sin definir el status político de la Isla. Y no contenía promesas  futuras al respecto. De ahí, que la política giraría en torno a este tema del status; que se sostendrá indefinidamente.

 

Incluso es esta propia ley la que reconocía que dejaba el problema político sin resolver, décadas más tarde en 1952 autoriza al pueblo de PR  a redactar su propia Constitución.  Aquí comienza la interrogante, de si el País era un territorio no incorporado. El País interpretaba la Ley 600, como que reconocía el principio de gobierno por consentimiento y el concepto de convenio; como reconocimiento implícito de que la Isla disfrutaba de una nueva condición de “territorio asociado”. Para los Estados Unidos era un asunto de decisión futura. La decisión final sobre la ratificación quedaba en manos del Presidente y el Congreso para que esta constitución pudiera entrar en vigor.

 Al quedar intacto el artículo V (de la Ley Jones de 1917), este se convertiría en la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico; y dejaría a su vez intacto también, las relaciones económicas de Puerto Rico con los Estado unidos. Lo que dejaba las prohibiciones que se mantenían bajo la Ley de Cabotaje y las imposiciones de contribuciones sobre productos exportados desde la Isla hacia los Estados Unidos.

 

 Sólo se le acreditaba a esta ley, el dar la oportunidad a los puertorriqueños de expresarse sobre su relación con los Estados Unidos y tener en su poder una gran parte de las decisiones sobre la administración del gobierno local.

 

Incluso en la oportunidad de redactar su propia Constitución delegaba la solución de status a los propios puertorriqueños por lo cual no puede quedar duda alguna que somos un territorio sujeto a los poderes del Congreso y que mantenemos un status quo por decisión de ley.

Reconocemos nuestra Constitución por ser una que adopta los derechos plenarios de nuestros ciudadanos y  a la vez exigimos la solución final del status colonial, territorial y sujeto a las leyes del Congreso a las cuales estamos condenados los ciudadanos americanos que residen en PR.

 

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