UPR SUPREMO HABLA


UPR: Habla el Supremo

Por: Hernán Padilla 

Los llamados paros y huelgas universitarias se caracterizan por la intolerancia y autoritarismo de los grupos dirigentes y la interferencia abierta de grupos políticos, ideológicos y sindicales que persiguen agendas políticas contrarias a la misión de la propia Universidad.

 Los estudiantes y representantes estudiantiles tienen el derecho a expresar sus quejas y peticiones en forma civilizada y ordenada, pero en una sociedad democrática se respetan los derechos de los que no piensan como ellos. El debate y el escrito de altura y con respeto son los fundamentos que deben prevalecer en el ámbito universitario, no el insulto y la confrontación.

 Agitadores y motivaciones políticas e ideológicas, quieren impedir las labores académicas y administrativas en beneficio de los estudiantes que quieren completar sus requisitos académicos. Se adjudican el monopolio de la “razón y la justicia”. Algunos sectores del país quieren silenciar las voces y reclamos de la comunidad universitaria que piensa diferente. Los sindicatos y grupos políticos-ideológicos destruyen la verdadera autonomía y el “ambiente universitario”. Su meta es paralizar la Universidad.

No se puede ignorar que los cierres académicos pueden traer consecuencias desastrosas para los 60,000 estudiantes universitarios: posible decertificación por la Middle States Association, la pérdida de las Becas Pell que benefician el 68% de todos los estudiantes y  las aportaciones federales para investigación, pasantías y programas de investigación.

 No se puede ignorar la defensa de la mayoría de los estudiantes que quiere completar el semestre académico, graduarse y recibir su diploma, adelantar sus estudios y completar experimentos e investigaciones. 

 La Junta de Síndicos, el Presidente y los Rectores deben reconocer la Ley de 1966 y el Reglamento de Estudiantes y sostener que” no es legal” que cualquier grupo que se sienta insatisfecho tome le niegue el derecho a los estudiantes a educarse y a los profesores cumplir con su función académica.

 Es la responsabilidad del Estado proveer educación universitaria de calidad  a un “costo accesible.” También es necesario reconocer que los recursos fueron administrados pésimamente en los últimos cinco años y que la Universidad ha caído presa del chantaje político e ideológico de sindicatos y grupos políticos. Puerto Rico no tiene los recursos para satisfacer todas las necesidades, ni llevar a cabo todas las obras y proyectos, ni corregir todos los males del pasado.

 No tiene los recursos para financiar el 100% de todos los programas y prioridades.

Por eso es que la sociedad se ha convertido en una dependiente de ayudas para cupones de alimentos, subsidios de alquiler, fondos federales para Medicaid, y ayuda para protección ambiental, construcción de carreteras, transportación colectiva, sistema de justicia y, obviamente, educación.

 La decisión del Tribunal Supremo confirma que los estudiantes no son una unidad laboral y que no tienen derecho a huelga. Reconoce que los estudiantes, como todos los ciudadanos tienen el derecho constitucional a libertad de expresión y protestas organizadas, en los espacios designados y sin violar o interrumpir los derechos de los demás.

 Ahora, la Universidad puede proceder con responsabilidad de educar en un ambiente que propicie el conocimiento.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s